Los Poderes Públicos en Venezuela

Los Poderes Públicos en Venezuela

Por: Abogado Eduardo Lara Salazar

edularalaw@hotmail.com

Debo comenzar señalando que este artículo es una actualización a uno previo de mi autoría del año 2006, por lo que – tras producirse cambios legislativos desde entonces – se hacía necesaria una nueva edición.

Siguiendo el texto constitucional se encuentra al lector, a primera vista, una suerte de confusión acerca de cuáles son los Poderes Públicos. Recientemente un grupo de estudiantes me hacían esta consulta, puesto que hay la tendencia a pensar de la sola existencia de uno solo o de varios poderes públicos que funcionan dispersos.

La verdad que la respuesta para esta pregunta pasa por comenzar diciendo que Venezuela es un estado federal, lo que significa que reconoce la existencia de más de un nivel territorial de poder público. De allí que se hable de Poder Nacional, Poder Estadal y Poder Municipal. Esto es lo que se ha dado por denominar en la doctrina jurídica como distribución vertical del poder público.

Luego, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV, 1999) menciona que el Poder Nacional está conformado por el poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial, Ciudadano y Electoral. Esto es la llamada distribución horizontal del poder público

En realidad, el asunto es un poco más extenso que eso.

Encontramos presencia de Poder Ejecutivo en los tres niveles territoriales, puesto que – en el Poder Nacional – hay un Poder Ejecutivo, encabezado por el Presidente de la República; en el Poder Estadal hay un Poder Ejecutivo presidido por el Gobernador, mientras que, por último, no menos importante, hay en el Poder Municipal un Poder Ejecutivo a cargo del Alcalde.

Las normas constitucionales y legales establecen las competencias para cada uno de estos niveles y funcionarios, de acuerdo con su ubicación.

Además de la CRBV se pueden citar para comprender mejor este punto, la Ley Orgánica de la Administración Pública (2008), la Ley Especial sobre la Organización y Régimen del Distrito Capital (2009),  Ley Especial del Régimen Municipal a 2 niveles del Área Metropolitana de Caracas (2009), la Orgánica de los Consejos Legislativos de los Estados (LOCLE, 2002) y la Ley Orgánica del Poder Público Municipal (LOPPM, 2010).

Posteriormente, al analizar el Poder Legislativo, hay un Poder Legislativo Nacional, el cual está representado por la Asamblea Nacional. En cada estado está un Poder Legislativo, conformado por el Consejo Legislativo y, en el Municipal, están los Concejos Municipales. Existen leyes que regulan sus competencias en cada ámbito legislador.

El Poder Judicial es estrictamente nacional; allí surge la duda acerca de cómo es que se encuentran juzgados y cortes en todo el territorio nacional con denominaciones tales como circuitos o circunscripciones judiciales del Estado Miranda o Amazonas, por ejemplo.

La respuesta es simple.

Son autoridades nacionales con asiento territorial en la entidad federal en referencia. La Ley Orgánica del Poder Judicial (1998) resuelve este asunto, en virtud que establece que los juzgados de primera instancia, por ejemplo, tendrán su sede – como premisa – en la capital de cada estado, lo que no excluye que se creen en las ciudades más importantes de la entidad, siguiendo los parámetros que señalen el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y la Dirección Ejecutiva de la Magistratura (DEM) para llevar más cerca la justicia al ciudadano con lo cual se aminoran las distancias y la posibilidad de no instar el juzgamiento; de allí que se encuentran tribunales de primera instancia en ciudades como Charallave, Estado Miranda; Puerto Ordaz, Estado Bolívar; Acarigua, Estado Portuguesa, por ejemplo.

Nótese que ninguna de las mencionadas es la capital del estado, pero todas tienen en común que son localidades de actividad económica de importancia para el desarrollo por estar ubicadas allí, bien sea fabril, industrial o comercial de interés, por ejemplo.

Para el caso del Poder Ciudadano la situación es similar que con el Poder Judicial; en el caso del Ministerio Público, conocido también como Fiscalía General de la República, por cuanto forma parte del llamado Sistema de Justicia, según el Texto Fundamental. El lector observará que cercana a las sedes de los circuitos penales, por ejemplo, encontrarán oficinas de este órgano.

Al referirse a la Contraloría General de la República, es estrictamente nacional. Lo que ocurre es que el sistema de control establece órganos de corte similar en el nivel estadal y municipal, denominados contralorías estadales y municipales, respectivamente. La CRBV y la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y Sistema Nacional de Control Fiscal (2010) ahondan el tema.

También hacen aportes las llamadas constituciones estadales, instrumento normativo aprobado por los consejos legislativos en cada estado como pauta la LOCLE; y  la LOPPM, donde también a través de ordenanzas (leyes con rango de alcance local) aprobadas por los concejos municipales, se regula el funcionamiento de este órgano de control.

En cuanto a la Defensoría del Pueblo, el cual también es una autoridad nacional, hay también presencia de Defensorías Delegadas o Auxiliares con asiento en cada estado, por cuanto es absurdo que solo tuviere sede en la capital de la República. Basta con estudiar la Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo (2004), la que pauta que debe facilitarse a los ciudadanos que pueda llevar al conocimiento del garante de los derechos humanos cualquier situación que pueda resultar anormal para el buen funcionamiento de los poderes públicos.

El Poder Electoral es nacional, con un análisis parecido a los anteriores, pues es sabido que hay juntas electorales estadales y municipales, ya que tienen a su cargo los procesos comiciales que se efectúan en los estados y municipios, respectivamente, de acuerdo con la Ley Orgánica del Poder Electoral (2002) y la Ley Orgánica de Procesos Electorales (2009)

En posteriores entregas se desarrollarán este y otros tópicos sobre la materia.