Procedencia o no para desaplicar normas legales por la Administración Municipal II

PROCEDENCIA O NO PARA DESAPLICAR NORMAS LEGALES POR LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL II

Por: Abogado Eduardo Lara Salazar

edularalaw@hotmail.com

 

Continuando con la situación descrita en el artículo anterior, si la autoridad municipal dictase un acto administrativo para que el comercio (casa de juegos en el ejemplo) deberá hacer un análisis legal del asunto.

Por lo menos, requerirá estudiar la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV, 1999), la  Leyde Impuestos a las actividades de Juegos de Envite y Azar (2007), la Ley Nacional de Loterías (200/),  la Ley para el control de Casinos, Salas de Bingo y Máquinas Traganíqueles (1997), la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa (2010), la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales (1988), la Ley Orgánica del Poder Público Municipal (LOPPM, 2010) y la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos (1982).

También sería conveniente leer la jurisprudencia, tanto de Instancia como del Máximo Tribunal.

Ahora bien, en un caso ventilado ante el Tribunal Supremo de Justicia cuya sentencia se produjo el día 13 de marzo de 2001 emanada de la Sala Constitucional, un alcalde acudió para interponer un amparo constitucional porque en su jurisdicción la autoridad nacional en materia de casinos y bingos otorgó licencias de funcionamiento a establecimientos comerciales.

Dentro del cuerpo de fallo se hace alusión a la circunstancia de la existencia de ilegalidades en tales actos, pero declaró inadmisible el amparo en referencia, con la salvedad de ordenarle a la administración nacional el cumplimiento efectivo del procedimiento para el otorgamiento de las licencias en cuestión, dado que la Sala constató que aquélla desaplicó por control difuso una norma de la Ley para el control de Casinos, Salas de Bingo y Máquinas Traganíqueles (1997) por presentar una supuesta colisión o contradicción con un artículo de la CRBV.

Expresaba la Sala Constitucional en aquella ocasión que corresponde a los jueces el ejercicio del control difuso del Texto Fundamental, mientras que el concentrado es a dicha Sala, por lo que mal podría la autoridad administrativa incurrir en el ejercicio de tal conducta, cuya competencia está atribuida al Poder Judicial en cabeza de los jueces para el control difuso y el concentrado para la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (SC, TSJ).

En efecto, el artículo 334 constitucional se los atribuye para el caso sometido a su conocimiento, quedando vedada a la Administración tal proceder.

Debe dejarse aclarado debidamente que la potestad anulatoria de la administración es otra institución jurídica. Sobre ella puede consultarse la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos (LOPA, 1982), como doctrina nacional, pudiendo mencionarse Hildegard Rondón de Sansó, Allan Brewer Carías,  entre muchos otros. La jurisprudencia ha hecho aportes en este sentido, como serían las conocidas  “Monstruo de Los Palos Grandes” o “Despacho Los Teques”, por ejemplo.

Además – en el fallo mencionado de la SC, TSJ  – de pasearse sobre lo que es la supremacía constitucional, existen unos principios sobre los actos administrativos denominados presunción de legalidad y legitimidad, al igual que el de veracidad, ejecutoriedad y ejecutividad de los actos.

Recordó que la jurisdicción contencioso administrativa es la competente para conocer de ilegalidades de actos administrativos y posee los instrumentos y procedimientos relacionados con su ejercicio, al igual de la imposibilidad de constituir al amparo constitucional como única vía para reparar la situación jurídica infringida, ya que posee características propias, no siendo tampoco lo deseado por el legislador en todos sus niveles.

Se sugiere al lector dar un vistazo a los artículos de mi autoría denominados “De la Hacienda Municipal”, “Sistema Tributario Venezolano”, “Municipio y Presupuesto”, “Los Bienes Municipales”, “Municipio y Servicios Públicos ”,” Municipio y Planificación” “El Impuesto sobre Actividades Económicas”, “El Establecimiento Permanente”, “El Impuesto Municipal sobre Juegos y Apuestas Lícitas”, “El Impuesto sobre Inmuebles Urbanos”, “Instrumentos Jurídicos Municipales”, “La Asamblea de Ciudadanos”, “La Consulta Pública”, “La Contraloría Social”, “Municipio y Turismo en la LO del año 2012”, “Municipio y LOPNNA”, “Potestad reguladora vs Potestad Tributaria”, “El Alcalde”, “organización y Gestión Municipal”, “Municipio y Urbanismo”; que se encuentran publicados en el http://www.eduardolarasalazarabogado.blogspot.com para tener mayor información sobre lo aquí tratado.

En otra oportunidad se tocarán otros tópicos relacionados con el tema.