Potestad Reguladora vs Potestad Tributaria I

POTESTAD REGULADORA VS POTESTAD TRIBUTARIA I

Por: Abogado Eduardo Lara Salazar

edularalaw@hotmail.com

 

Reconociendo que el título pueda resultar extraño, lo que se busca es llamar la atención acerca de un problema que afecta la gestión municipal, especialmente en el campo tributario.

El artículo 180 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV, 1999) reza:

“Artículo 180.- La potestad tributaria que corresponde a los Municipios es distinta y autónoma de las potestades reguladoras que esta Constitución o las leyes atribuyan al Poder Nacional o Estadal sobre determinadas materias o actividades. Las inmunidades frente a la potestad impositiva de los Municipios a favor de las demás entidades político territoriales, se extiende sólo a las personas jurídicas creadas por ellos, pero no a concesionarios ni a otros contratistas de la Administración Nacional o de los Estados.”

De la lectura se evidencia que se han mezclado en la misma norma dos asuntos distintos, aun cuando puedan lucir semejantes a simple vista.

El primer párrafo versa acerca de poseer el Poder Nacional, por ejemplo, la potestad reguladora, es decir, la asignación desde la CRBV para dictar las normas que organizan o cómo ha de ser el régimen sobre determinada materia.

Las telecomunicaciones, por ejemplo, son materia que el Poder Nacional  aplica la llamada potestad reguladora.

En efecto, la Carta Fundamental al enumerar las competencias nacionales (artículo 156) señala que le corresponde “…las telecomunicaciones, así como el régimen y la administración del espectro radioeléctrico”

Ya en el ámbito legislativo se aprobó la Ley Orgánica de Telecomunicaciones (LOTEL, 2011, por reimpresión de la aprobada en diciembre de 2010), la cual tiene por objeto”… establecer el marco legal de regulación general de telecomunicaciones…”, acompañado de una declaratoria del espectro radioeléctrico como del dominio público de la República, adicionales a las  de servicio e interés público la actividad prestacional de telecomunicaciones.

Resulta obvia la vinculación entre el sector telecomunicaciones con el de seguridad y defensa.

Ahora bien, lo medular del asunto radica en que se vedó al municipio todo intento por ejercer su poder tributario en los legítimos aspectos del ejercicio de su competencia, con el argumento de la reserva exclusiva al Poder Nacional para ello; así lo entendió la  jurisprudencia   durante años, sin dejar de reconocer esfuerzos valiosos para corregir el criterio.

Uno de los temas sobre el cual ha ocurrido esto es la imposición en materia de Impuesto sobre Actividades Económicas (ISAE), cuyo hecho imponible es el ejercicio del comercio en la jurisdicción del Municipio y de que ya se han publicado artículos por este Autor.

Si se examina el Código de Comercio Venezolano (1955) al definir los actos de comercio y los sujetos considerados como comerciantes, se encuentra que una sociedad mercantil posee una habilitación o concesión otorgada por la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL) para la explotación con ánimo de lucro basado en el uso del espectro.

Cabe preguntar, ¿encuadra o no dentro de los supuestos para la aplicación del ISAE?

Lógicamente hay otros sectores de la actividad económica donde este razonamiento es aplicable, según el caso.

Lo que significa la reserva al Poder Nacional en cuanto al régimen o marco regulatorio es que no pueden los estados y municipios dictar normas que invadan las competencias del nivel nacional, como sería en el ejemplo aportado el de habilitar a un particular en materia de telecomunicaciones; sin embargo, el municipio puede y debe ejercer sus competencias en áreas como la urbanística, tributaria, tránsito terrestre urbano, entre otras.

También valdría la pena preguntar, ¿tampoco se puede cobrar el Impuesto sobre Inmuebles Urbanos o de Vehículos por el hecho de ser una empresa de telecomunicaciones privada y ampararse en una reserva legal al ámbito nacional?

La LOTEL en su articulado regula que los municipios pueden cobrar por el concepto de las vías de telecomunicaciones de su jurisdicción.

Es pertinente recordar las nociones de la LOPPM acerca de competencias propias, concurrentes, descentralizadas y delegadas a los municipios para construir un aporte de avanzada y evitar que ocurran en el futuro, al igual que una sentencia dictada por el Tribunal Supremo de Justicia, en Sala Constitucional, de fecha 04 de abril de 2004 (Caso: Interpretación Constitucional solicitada por el Municipio Simón Bolívar del Estado Zulia).

Se sugiere al lector dar un vistazo a los artículos de mi autoría denominados “De las competencias municipales”, “De la Hacienda Municipal”, “Sistema Tributario Venezolano”, “Municipio y Presupuesto”, “Los Bienes Municipales”, “Municipio y Servicios Públicos”, “El Impuesto sobre Actividades Económicas”, “El Impuesto sobre Inmuebles Urbanos”, “El Impuesto sobre Vehículos”, “El Impuesto sobre Publicidad y Propaganda Comercial”, “El Impuesto sobre Espectáculos Públicos”, “El Impuesto sobre Juegos y Apuestas Lícitas”, “Las Contribuciones Especiales Municipales”, “Las Tasas”, “El Síndico Procurador como Fiscal de la Hacienda Municipal”, “Indisponibilidad de la obligación tributaria en el ámbito municipal”, “Procedencia o no de la novación en las obligaciones tributarias”, “Gravabilidad de los servicios profesionales por el ISAE”, entre otros; que se encuentran publicados en www.eduardolarasalazarabogado.blogspot.com  para tener mayor información sobre lo aquí tratado.

En otra oportunidad se tocarán otros tópicos relacionados con el tema.