Potestad Reguladora vs Potestad Tributaria II

POTESTAD REGULADORA VS POTESTAD TRIBUTARIA II

Por: Abogado Eduardo Lara Salazar

edularalaw@hotmail.com

 

Dentro del artículo anterior faltó considerar para cerrar el primer punto del título del tema que hoy se trata: el argumento esgrimido en estrados que no es procedente gravar actividades de telecomunicaciones por el hecho de operar en distintas jurisdicciones.

Para ello basta con evocar la tesis del establecimiento permanente, lo cual define la Ley Orgánica del Poder Público Municipal (LOPPM, 2010) – adicional a lo sentado en la publicación precedente – como “… una sucursal, oficina, fábrica, taller, instalación, almacén, tienda, obra en construcción, instalación o montaje, centro de actividades, minas, canteras, instalaciones y pozos petroleros, bienes inmuebles ubicados en la jurisdicción…”

Además, de interpretarlo en una forma tan estricta, haría nugatorio todo esfuerzo por aplicar la tributación municipal, ya que las materias contenidas en el artículo 156 constitucional abarcan diversos sectores de la vida económica de Venezuela, no solamente por el territorio sino también por la actividad en sí misma, lo que violaría el principio de colaboración entre poderes.

Por otra parte, la LOPPM recogió la norma constitucional del artículo 180 y desarrolló el principio para acabar con la discusión durante años sobre el punto.

Resulta complejo justificar cómo un tributo – para el caso del Impuesto sobre Actividades Económicas (ISAE) cuyo origen está en la Constitución a los municipios – no pueda aplicarse dentro del contexto de un contribuyente privado (particular) que se dedique a la explotación lícita mercantil cumpliendo con el requisito previo de contar con los permisos, licencias, autorizaciones, concesiones o habilitaciones – según los casos – otorgadas por la autoridad competente.

Acerca de las llamadas inmunidades a que se contrae el artículo 180 constitucional, recogió un supuesto donde lo que se busca es no ejercer el poder tributario local en cabeza de determinados sujetos.

Si se examina cualquier ordenanza en materia de ISAE o Impuesto sobre Vehículos (IV) o Inmuebles Urbanos (IIU), se encuentra la circunstancia que no son sujetos pasivos del poder local la República ni los estados; por ejemplo, por concepto de la propiedad u otros derechos reales sobre bienes inmuebles (casas, edificios, terrenos) ubicados en la jurisdicción municipal, lo que constituye el supuesto para la aplicación del  IIU. Tampoco en el caso de vehículos propiedad de aquellos.

Sacando cuentas se puede observar que – por razones de política fiscal o tributaria – en el caso de las entidades políticas territoriales se obvia el ejercicio del poder tributario entre sí; se trata de los órganos. La norma en cuestión va más allá y la extiende a las personas jurídicas estatales creadas por ellos, pero no a concesionarios o contratistas.

Cabe recordar la noción de estos que aporta la Ley Orgánica de la Administración Pública (LOAP, 2014) cuando dice que los órganos, entes y misiones se crean, modifican o suprimen por los titulares de la potestad organizativa, definiéndolos seguidamente. Para el caso específico de los entes establece tendrá el carácter de ente toda organización administrativa descentralizada funcionalmente con personalidad jurídica propia sujeta al control, evaluación y seguimiento de sus actuaciones por parte de los órganos rectores, de adscripción y de la Comisión Central de Planificación. Los clasifica en entes con forma de derecho privado y con forma de derecho público. Aquellos son las personas constituidas de acuerdo con las normas de derecho privado y podrán adoptar formas empresariales o no según sus fines. Los públicos, están conformados por aquellas personas jurídicas creadas y regidas por normas de derecho público y que podrán tener atribuido el ejercicio de potestades públicas.

Ejemplos de los de derecho privado están las empresas del estado, las cuales pueden ser constituidas por la República, estados, distritos metropolitanos (Área Metropolitana en el caso de la ciudad de Caracas) o algunos entes solos o conjuntamente, cuya participación accionaria sea mayor al cincuenta por ciento. Es oportuno recordar la disposición constitucional acerca de Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA), que fue sobre se concibió la norma del artículo 180 constitucional.

En los de derecho público están los institutos autónomos definidos por la LOAP como personas jurídicas de derecho público de naturaleza fundacional, creadas por ley nacional o estadal u ordenanza municipal.

Por último, las Misiones – señala la LOAP – son aquellas creadas con la finalidad d satisfacer las necesidades fundamentales y urgentes de la población.

Se sugiere al lector dar un vistazo a los artículos de mi autoría denominados “De las competencias municipales”, “De la Hacienda Municipal”, “Sistema Tributario Venezolano”, “Municipio y Presupuesto”, “Los Bienes Municipales”, “Municipio y Servicios Públicos”, “El Impuesto sobre Actividades Económicas”, “El Impuesto sobre Inmuebles Urbanos”, “El Impuesto sobre Vehículos”, “El Impuesto sobre Publicidad y Propaganda Comercial”, “El Impuesto sobre Espectáculos Públicos”, “El Impuesto sobre Juegos y Apuestas Lícitas”, “Las Contribuciones Especiales Municipales”, “Las Tasas”, “El Síndico Procurador como Fiscal de la Hacienda Municipal”, “Indisponibilidad de la obligación tributaria en el ámbito municipal”, “Procedencia o no de la novación en las obligaciones tributarias”, “Gravabilidad de los servicios profesionales por el ISAE”, entre otros; que se encuentran publicados en www.eduardolarasalazarabogado.blogspot.com o en www.tecnoiuris.com hoy denominado www.tuabogado.com (Pódium Jurídico Derecho Municipal); para tener mayor información sobre lo aquí tratado.

En otra oportunidad se tocarán otros tópicos relacionados con el tema.