Municipio y Alimentación

MUNICIPIO Y ALIMENTACIÓN

Por: Abogado Eduardo Lara Salazar

edularalaw@hotmail.com

Tradicionalmente el municipio asumió el servicio de distribución de alimentos en las poblaciones urbanas y rurales; sin embargo, con el transcurrir del tiempo, se produjeron modificaciones, tanto al sistema de reparto como en la legislación que los regula. De allí que se han conocido instituciones de rango nacional que se ocupan de la materia o lo hicieron en alguna oportunidad, tal es el caso de los Ministerios del Poder Popular para la Agricultura y Tierras, de Alimentación, Corporación Venezolana Agraria, Superintendencia Nacional de Gestión Agroalimentaria (SUNAGRO), Corporación Abastecimiento de Servicios Agrícolas (CASA),  entre otros.

Con la aprobación de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (1999) el municipio cedió el papel protagónico en esta actividad a favor del Poder Nacional. Existen normas como las referidas a la seguridad alimentaria, producción ganadera, agrícola, pesquera,  forestal, sanidad animal y vegetal.

Tras la aprobación del Decreto con rango, valor y fuerza de Ley Orgánica de Administración Pública (2014), una de las innovaciones son las llamadas Vicepresidencias Sectoriales, entre las que se ubica la de Seguridad y Soberanía Agroalimentaria;  tiene a su cargo la coordinación de la acción de los ministerios con competencia en alimentación y el de agricultura y tierras.

Adicionalmente, el Decreto sobre Organización General de la Administración Pública Nacional (2015) da cuenta de dos carteras ministeriales con denominadas Ministerio del Poder Popular para la Alimentación, cuya competencia está circunscrita a la distribución, transporte, intercambio, industria, mercadeo, recepción y consumo de alimentos, calidad e inocuidad de alimentos, actividad empresarial del Estado, regulación y control del ejercicio profesional de las actividades relacionadas con los alimentos, la alimentación y la nutrición. Y la de Agricultura y Tierras, referida a la materia agrícola, pesquera, acuícola, forestal, salud agrícola integral, financiamiento de la producción agrícola, infraestructura rural, agrosoporte físico, organización popular agraria, formación, desarrollo, investigación tecnológica e innovación agrícola, actividad agroindustrial; administración y distribución de tierras con vocación agrícola, administración de tierras baldías y catastro rural.

Debe sumarse la creación de entes o misiones, tales como Instituto Nacional de Tierras (INTI), Instituto de Desarrollo Rural, Fundación CIARA, PDVAL, Misión Mercal, Misión Alimentación, Instituto Nacional  de Nutrición (INN), Abastos Bicentenario, Fundación Programas de Alimentos Estratégicos (FUNDAPROAL),  entre otros.

También se encuentran actividades conexas como transporte, banca, seguros, navegación, vialidad, aduanas, entre otras, las cuales son de la competencia nacional. Por su parte, la legislación  señala que la producción de alimentos es de interés nacional y fundamental al desarrollo económico y social de la Nación.

Cuando la República requiere la compra de alimentos en el exterior posee una serie de facilidades sobre los particulares, dado que tiene a mano el uso de convenios internacionales, organizaciones multilaterales, entre otros, como también negociarlo directamente de gobierno a gobierno, por ejemplo, lo que abarataría costos.

A nivel legislativo nacional se han aprobado textos normativos que regulan la actividad de la producción, distribución, comercialización, entre otros, sobre el agro, alimentos y relacionados; sin orden de jerarquía ni si están o no vigentes se pueden mencionar: Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, Ley de Tierras Baldías, Ley de Instituto Nacional de Investigaciones Agrícolas, Ley de Geografía, Cartografía y Catastro Nacional, Decreto con rango, valor y fuerza de Ley de Espacios Acuáticos, Ley Orgánica de Seguridad y Soberanía Agroalimentaria, Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Creación del Fondo para el Desarrollo Agrario Socialista. (FONDAS), Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Salud Agrícola Integral, Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Pesca y Acuicultura, Ley de Crédito para el Sector Agrario, Ley del Banco Agrícola de Venezuela, entre otras.

Sin embargo, como dentro de las competencias del Municipio se encuentra el gobierno y administración de sus intereses en cuanto concierne a la vida local, especialmente la ordenación y promoción del desarrollo económico y social, lo que conlleva el mejoramiento de las condiciones de vida en la comunidad; resulta obvio pensar que un mercado municipal tiende hacia ese cometido. De hecho, es frecuente observar en calles y avenidas de pueblos y ciudades la existencia de ventas de alimentos auspiciados por el Municipio con precios hasta por debajo de lo que se encuentran en el  comercio del ramo a través de los particulares.

La Ley Orgánica del Poder Público Municipal (LOPPM, 2010) le asigna actuación al nivel local en materia de abastecimiento y mercados, también sobre mataderos. Esto debe interpretarse como una competencia concurrente, dado que las normas constitucionales son determinantes y con prelación aquélla, por lo del sistema de jerarquía de fuentes del derecho y  de interpretación jurídica normativa que contiene ésta.

Asimismo, el nivel nacional cuenta con la competencia sobre las regulaciones de precios, pesas y medidas; las cuales tienen relación estrecha y directa con los asuntos sobre alimentación y su distribución, porque allí es donde se  sitúa la que se deriva del acceso de los ciudadanos como consumidores y usuarios hacia los bienes y servicios de calidad.

Es oportuno destacar que la coordinación entre los ámbitos nacional y municipal debe prevalecer al momento de asignación de espacios para las actividades relacionadas con el agro y lo urbano, ya que – si bien cierto que es fundamental para el sostenimiento de la especie humana y de otras animales, vegetales y minerales – no lo es menos que cuando se requiere de zonas para la expansión de las ciudades y poblados, los ejidos y otras modalidades de tierras, como las baldías, juegan un rol de primera línea, puesto que – en ambos sectores – se persigue la satisfacción de carencias. Entran aquí las regulaciones sobre ordenación territorial.

En otra oportunidad se tocarán otros tópicos relacionados con el tema.

No lo olvide, el país se construye desde sus municipios.