Municipio y reforma habilitante 2014: Contrataciones Públicas I

MUNICIPIO Y REFORMA HABILITANTE 2014: CONTRATACIONES PÚBLICAS I

Por: Abogado Eduardo Lara Salazar
edularalaw@hotmail.com

Con ocasión de las reformas producto de la llamada Ley Habilitante que feneció a finales del año 2014, se hace necesario actualizar las publicaciones sobre esta materia de fecha anterior.

Para regular en lo atinente a la adquisición de bienes, prestación de servicios y ejecución de obras, con la finalidad de preservar el patrimonio público, desarrollar la capacidad productiva y asegurar la transparencia de las actuaciones de los órganos y entes sujetos, se aprobó el Decreto con rango, valor y fuerza de Ley de Contrataciones Públicas (DLCP, 2014).

Existen antecedentes legislativos sobre esta materia, pudiendo mencionarse la Ley Orgánica de la Hacienda Pública Nacional (1974 con reforma en el 2009), Ley de Licitaciones (1990, 1999, 2000, 2001), Ley de Contrataciones Públicas (2009, 2010), la Ley de Conservación y Mantenimiento de Bienes Públicos (2007), la Ley Orgánica que regula la Enajenación de Bienes del sector público no afectos a las industrias básicas (1987) y su Reglamento (1999), Ley Orgánica de Salvaguarda del Patrimonio Público (1983), Código Penal Venezolano (1964, 2005), Ley Orgánica de la Contraloría General de la República (1995), Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y Sistema Nacional de Control Fiscal (2001,2010), Ley Orgánica contra la Corrupción (2003, 2014), Ley Orgánica de Bienes Públicos (2012, 2014), por ejemplo.

El municipio se encuentra sometido al cumplimiento del referido instrumento, tanto en sus órganos (alcaldía, concejo municipal, contraloría) como los entes (fundaciones, asociaciones, sociedades, mancomunidades). Al respecto resulta pertinente revisar lo previsto por el Decreto con rango, valor y fuerza de Ley Orgánica de Administración Pública (2014) y la Ley Orgánica del Poder Público Municipal (2010).

Por otra parte, aun cuando no constituyen entidades locales, los consejos comunales y demás formas organizativas, como las socio productivas que se encuentran reguladas por la Ley del Sistema Económico Comunal (2010) y todas aquellas provenientes del llamado poder popular, también quedarían comprendidos por el texto legal en referencia, dado que son susceptibles de recibir recursos públicos y porque aquéllas interactúan de manera permanente con estos últimos como parte de su gestión aplicando el principio de participación.

La doctrina en Derecho Administrativo coincide que, básicamente, lo que se lleva a cabo con las disposiciones del DLCP es la selección de la persona natural o jurídica que ha de contratar con la entidad pública de acuerdo con los procedimientos establecidos por ésta, lo que denominan como ámbito de aplicación desde el punto de vista subjetivo.

El DLCP señala como principios los de economía, transparencia, participación ciudadana, eficiencia, igualdad, competencia, planificación y simplificación.

La contratación, bien sea pública o privada, solamente puede hacerse entre sujetos de derecho, es decir, aquellos existentes y que sean capaces de derechos y obligaciones. Ante la pregunta a quién se aplica este texto normativo, la respuesta es la siguiente:

1.- Órganos y entes públicos; en el caso que nos ocupa los municipales.
2.- Universidades Nacionales.
3.- Banco Central de Venezuela.
4.- Consejos Comunales, Comunas y demás formas de organización.

Surge la duda a cuáles materias se aplica el DLCP; como se ha dicho, se encuentran referidas al proceso de selección de contratistas, específicamente hacia cierto tipo de adquisición de bienes, prestación de servicios y ejecución de obras.

La expresión adquisición de bienes está relacionada con lo que se conoce como venta.

La prestación de servicios está referida a los que se brindan a la colectividad; generalmente los domiciliarios, tales como: electricidad, aseo urbano y domiciliario, agua potable, entre otros.

Mientras que, en la ejecución de obras, es más fácil de asimilar por aquello de encomendar a un contratista la realización de algo por su cuenta y riesgo a cambio de un pago. Muchas veces en las calles se observan cuadrillas de trabajadores que hacen una labor, por lo general, un servicio público, como la reparación o reposición de la capa asfáltica, gas doméstico o agua potable.
Implica acción, hacer, ejecutar; de allí la expresión.

Podría ser la construcción de una carretera, cementerio, entre tantos otros.

Aun así se encontrarán contratos de obra pública que no los recoge esta Ley, como se verá más adelante.

En otra oportunidad se tocarán tópicos relacionados con el tema.

No lo olvide, el país se construye desde sus municipios.