Municipio y Servicio de Mataderos

MUNICIPIO Y SERVICIO DE MATADEROS

Por: Abogado Eduardo Lara Salazar

edularalaw@hotmail.com

Al igual como ha ocurrido con el servicio de agua potable, electricidad, entre otros, los mataderos han sido tradicionalmente una competencia local que, con el transcurrir de los años, ha sufrido modificaciones.

En efecto, la Ley Orgánica del Poder Público Municipal (LOPPM, 2010) le asigna actuación al nivel local en materia de abastecimiento y mercados, también sobre mataderos.

Esto debe interpretarse como una competencia concurrente, dado que las normas constitucionales son determinantes y con prelación aquélla, por lo del sistema de jerarquía de fuentes del derecho y  de interpretación jurídica normativa.

Tradicionalmente el municipio asumió el servicio de distribución de alimentos en las poblaciones urbanas y rurales; sin embargo, con el transcurrir del tiempo, se produjeron cambios, tanto al sistema de reparto como en la legislación que los regula.

Sin embargo, en poblaciones no tan grandes es factible encontrar mataderos en los que el municipio pudiera administrar o participar bajo algunos de los llamados medios de gestión previstos por la LOPPM.

De allí que se han conocido instituciones de rango nacional que se ocupan de la materia o lo hicieron en alguna oportunidad, tal es el caso de los Ministerios del Poder Popular para la Agricultura y Tierras, de Alimentación, Corporación Venezolana Agraria, Superintendencia Nacional de Gestión Agroalimentaria (SUNAGRO), Corporación Abastecimiento de Servicios Agrícolas (CASA),  entre otros.

Con la aprobación de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (1999) el municipio cedió el papel protagónico en esta actividad a favor del Poder Nacional.

Existen normas como las referidas a la seguridad alimentaria, producción ganadera, agrícola, pesquera,  forestal, sanidad animal y vegetal.

En el Decreto con rango, valor y fuerza de Ley Orgánica de Administración Pública (2014), una de las innovaciones son las llamadas Vicepresidencias Sectoriales, entre las que se ubica la de Economía; tiene a su cargo la coordinación de la acción de los ministerios con competencia en alimentación y el de agricultura, tanto la urbana como rural, así como la pesca.

Por su parte, el  Decreto sobre Organización General de la Administración Pública Nacional (2016) da cuenta de carteras ministeriales relacionadas con el área de mataderos, denominadas Ministerio del Poder Popular para la Alimentación, cuya competencia está circunscrita a la distribución, transporte, intercambio, industria, mercadeo, recepción, calidad y consumo de alimentos; la regulación y control del ejercicio profesional de las actividades relacionadas con los alimentos, la alimentación y la nutrición.

La de Agricultura Urbana se vincula con los cultivos hortícolas, frutales, medicinales y ornamentales, la cría de animales y la agricultura familiar, escolar, comunitaria e institucional en espacios urbanos.

Por último, Agricultura Productiva y Tierras, referida a la la materia agrícola, vegetal y animal; la salud agrícola integral; la infraestructura rural y agrosoporte físico; la regulación y control de la manipulación genética agrícola, así como las políticas de encadenamiento agroindustrial.

A nivel legislativo nacional se han aprobado textos normativos que regulan la actividad de la producción, distribución, comercialización, entre otros, sobre el agro, alimentos y relacionados; sin orden de jerarquía ni si están o no vigentes se pueden mencionar:

  • Ley de Tierras y Desarrollo Agrario,
  • Ley de Tierras Baldías, Ley de Instituto Nacional de Investigaciones Agrícolas,
  • Ley de Geografía, Cartografía y Catastro Nacional;
  • Decreto con rango, valor y fuerza de Ley de Espacios Acuáticos,
  • Ley Orgánica de Seguridad y Soberanía Agroalimentaria,
  • Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Creación del Fondo para el Desarrollo Agrario Socialista (FONDAS),
  • Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Salud Agrícola Integral;
  • Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Pesca y Acuicultura,
  • Ley de Crédito para el Sector Agrario,
  • Ley del Banco Agrícola de Venezuela, entre otras.

Ahora bien, lo relevante en este caso no es si el municipio está o no en la actividad, sino que puede ocurrir que se trate de inversión privada lo que genera la posibilidad para el ámbito local de ser contribuyente del Impuesto sobre Actividades Económicas, Inmuebles Urbanos, Propaganda y Publicidad Comercial y – probablemente – en el ramo de vehículos; todo ello siguiendo los lineamientos de la LOPPM y las ordenanzas aprobadas.

En otra oportunidad se tocarán tópicos relacionados con el tema.

No lo olvide, el país se construye desde sus municipios.

Anuncios